La Consejería de Fomento y Vivienda prevé poner en marcha las oficinas de asesoramiento frente a desahucios para finales de septiembre o inicios de octubre de forma simultánea en todas las provincias andaluzas, según ha precisado la consejera del ramo, Elena Cortés, quien ha indicado que la Junta esta analizando cambios normativos para contemplar el fenómeno del desahucio y hacer aflorar el stock de vivienda, ante lo que baraja modificar leyes como la Ley de Derecho a la Vivienda o la Ley de VPO, aunque no están dichos cambios cerrados.
En declaraciones a Europa Press, la consejera ha explicado, sobre las oficinas de asesoramiento frente a desahucios, insertas en el Programa Andaluz para la Defensa de la Vivienda, que se trata de una "decisión política" que parte de la prioridad de que "cuando hay absoluto desequilibrio entre el poderoso y el débil, la Consejería opta por ponerse del lado de las víctimas, en una actitud definida como 'pro consumatio', donde estaremos de manera no neutral con el débil".
Este programa se concretará en la apertura dentro de las delegaciones provinciales de la Consejería de Fomento y Vivienda, con personal propio, esto es, funcionarios que van a atender dichas oficinas y que se están preparando para ello. Estas oficinas se coordinarán desde los servicios centrales, desde la Secretaría General de Vivienda.
Ha apuntado que el objetivo es que estas oficinas se pongan en servicio "entre la última semana de septiembre y la primera de octubre" y ha reiterado que los colectivos sociales y de defensa de afectados por desahucios tendrán las puertas abiertas de esas oficinas, donde se atenderá "estas situaciones de emergencia social". "Hemos querido anunciarlo para ponerlo en la agenda pública y política", ha aseverado.
Cortés reconoce que "todavía hay sentimiento de vergüenza de las familias que tienen problemas de sobreendeudamiento y sufrieron el consiguiente desahucio", ante lo que considera que "estas personas no deben sentir vergüenza, los que deben sentir vergüenza son los poderes públicos que provocan desahucios o miran para otro lado y permanecen impasibles ante este drama social".
"Desde la política se deben y se pueden cambiar las cosas, poniéndonos al lado del débil", ha aseverado Cortés, quien aboga por "hacer políticas con mentalidad de colectivos sociales, hacer política de calle y de realidad social y con voluntad de estar abiertos a convenios con entidades financieras y con ayuntamientos".
Asimismo, apunta que "ese es un problema del conjunto de administraciones públicas y tenemos que resolverlo entre todos, tenemos la obligación de hacer cumplir el derecho constitucional y el Estatuto y espero que haya importante acogida de ese programa a través de la firma de convenios con entidades locales para sumar esfuerzos de todas las administraciones públicas y dar una respuesta como merece a esa situación de emergencia social".
Ha recordado que la Junta tiene un "buen parque" de viviendas, formada por mas 70.000 viviendas, la mayor parte ocupadas, la idea es ampliar ese parque con viviendas de ayuntamientos las diputaciones y las entidades financieras.
En ese sentido, aboga por la colaboración con entidades financieras, con las que la idea es lograr "un proceso de mediación, peor no desde la neutralidad; los bancos y las entidades financieras deben colaborar en parar esa sangría y la Junta se pone del lado de las víctimas",
Aflorar el stock de viviendas
La consejera, que ha criticado que el Gobierno central "no es capaz de aprobar la dación en pago pero si es capaz de, con el banco malo, aprobar la dación con pago para los bancos", ha resaltado la necesidad de hacer aflorar el stock de viviendas vacías para ponerlas en alquiler y ha apuntado que se esta trabajando en modificaciones legales y normativas para frenar los desahucios y hacer aflorar dicho stock.
En ese sentido, tras dejar claro que "una ley no se cambia de la noche a la mañana", Cortés ha explicado que se le está dando "varias vueltas y viendo diversas opciones", aunque ha reiterado que baraja modificar la Ley de Derecho a la Vivienda o la Ley de VPO, ya que, según reconoce "no se entiende como una Ley de Derecho a la Vivienda aprobada en 2010 no nombre ni contemple el fenómeno del desahucio, se debe contemplar esa realidad social".
"Hay marcos normativos que habrá que cambiar para que se amolden a una realidad como la que estamos viviendo", agrega Cortés, quien insiste en que "se están viendo distintas posibilidades; hay dos leyes de vivienda, la Ley de VPO y la Ley de Derecho a la Vivienda, por lo que en el contexto del desarrollo normativo legal donde se encuadra la vivienda estamos estudiando qué modificaciones normativas pueden ser susceptibles de conseguir el objetivo de hacer aflorar la vivienda, la protección social e insertarla en un nuevo modelo productivo".
Asimismo, precisa que otros de los objetivos de ese cambio normativo es "además del afloramiento del stock, conseguir que el alquiler tenga un precio razonable y se corresponda con el nivel de renta de una familia".
Reconoce que se están analizando esos cambios normativos, que aun no están cerrados, aunque insiste en la idea de "adecuar las leyes y la normativa autonómica para poder abordar con diligencia y rapidez la situación actual; si tenemos una ley en la que se no te contempla una realidad, habrá que hacer que se contemple, porque las leyes deben responder a demandas sociales y realidades sociales y hay clamor ciudadano de que las leyes deben amoldarse y deben dar respuesta a una situación como la que estamos viendo de los desahucios".
En ese sentido, reconoce que la web puesta en marcha por la antigua Consejería de Vivienda "no ha tenido eficacia, eso es evidente", por lo que insiste en la necesidad de esos cambos normativos, pendientes de cerrar y concretar.
Medidas coercitivas
Asimismo, en esos cambios normativos, la Consejería planteará medidas coercitivas, algo que "hay que hacer, pues no se puede esquivar, escapar ni burlar el derecho a la vivienda ni las situaciones de emergencia".
"La vivienda debe tener una función social, así está recogido en la Constitución y el Estatuto, debe contemplarse ese derecho a la habitabilidad y evitar que exista un proceso meramente especulativo", ha agregado la consejera, quien también espera poder avanzar en próximas semanas o mes en un paquete de medidas que acompañen a la política "decidida" de intervención para aflorar el stock de viviendas en alquiler vacías.
En ese sentido, ha recordado los primeros pasos dados con la iniciativa de plantear a los bancos su colaboración para que todas esas viviendas que puedan estar siendo objeto de desahucios las incluyan en el registro de demandantes de vivienda como VPO y formen parte del parque público de viviendas. Así, Cortés ha recibido respuesta de alguna entidad financiera y espera reunirse y entablar contactos ese mismo mes con más entidades.
Ha recordado que Andalucía es en el 'top ten' de los desahucios, con 68.000 desde 2007 a 2011, período en el que se registraron 305.000 en todo el Estado.