La Consejería de Fomento y Vivienda (IULV-CA) procedió ayer a la apertura en Córdoba de la oficina de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano en materia de prevención, mediación y protección de las familias afectadas por este problema. Se trata de una iniciativa especialmente novedosa por la ruptura de la neutralidad por parte de la Administración andaluza ante este problema.La delegada territorial de Fomento y Vivienda, Mari Santos Córdoba, ha destacado que la demanda era tal que "ya hemos empezado una labor de acompañamiento de los afectados ante las entidades financieras". La responsable en la materia ha indicado que "hay muchas víctimas de situaciones injustas en materia de vivienda, tanto de Córdoba como de la provincia, por lo que esperamos poner en marcha con la mayor brevedad posible convenios de colaboración con los ayuntamientos".
EQUIPO CUALIFICADO Esta oficina de asesoramiento ciudadano cuenta con un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo de un equipo de personal de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. Este punto ofrece un servicio gratuito en tres grandes áreas, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios.
En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realiza tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca. El equipo de profesionales presta un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde principios de legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre ellas la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales.
Fuente: Diario Córdoba