La derecha andaluza reacciona con pánico y mentiras al programa profundamente transformador de la Consejería de Fomento y Vivienda.
La política de vivienda profundamente transformadora que desarrolla IU en el Gobierno andaluz está sacando de quicio al PP, que no duda en recurrir a mentiras y falsedades flagrantes para intentar inútilmente no quedar retratado. En noviembre el PP pidió a la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), la creación de oficinas de asesoramiento contra los desahucios que, de hecho, llevaban ya abiertas desde el 8 de octubre. No fue el único ridículo. El PP también solicitó la paralización de los desahucios en el parque público andaluz, una medida ya adoptada en junio. Gracias a esta decisión pionera de la Consejería, hace seis meses que ningún andaluz pierde su vivienda del parque público por no poder pagar, pero el PP finge ignorarlo.
Las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda han atendido, en su primer mes y medio, a más de 600 familias, logrando ya parar desahucios y ofrecer soluciones de alquiler social, reestructuración de deuda y dación en pago en todas las provincias. Guiado por el sectarismo y la ceguera, el PP rechaza colaborar con estas oficinas y, para tapar sus vergüenzas y eludir comprometerse, ahora ha lanzado subrepticiamente una patética campaña según la cual existen miles de viviendas vacías en el parque público andaluz, otra falsedad radical porque dicho parque ya responde a la función social que tiene encomendada.
Las falacias del PP revelan una reacción de pánico y desorientación ante una consejera que prepara cambios legislativos para sancionar las viviendas vacías y potenciar el alquiler social, que apoya desde su responsabilidad institucional la ILP por la dación en pago y que reclama al Gobierno central que emplee el banco malo (y ese sí que acumula un descomunal stock de viviendas vacías) para defender el derecho a la vivienda.
La política de vivienda de IU en la Junta evidencia día a día el carácter antisocial de las medidas sobre esta materia del Gobierno central, que riega de dinero público a los mismos bancos que pisotean brutalmente el derecho a techo, que deja desprotegidos a los inquilinos mediante el desahucio exprés y que, sólo cuando la presión social se le ha hecho insoportable, se ha limitado a cambiar algo para que nada cambie con un decreto infame que en absoluto ataca la raíz del problema.